G.R. No. L-1301




Republic of the Philippines SUPREME COURT Manila EN BANC G.R. No. L-1301 July 9, 1948 FRANCISCO P. PEREZ, recurrente, vs. BONIFACIO YSIP, Juez de Primera Instancia de Bulacan, SEVERINA BUENAVENTURA, JULIA BERNARDINO, BELEN BERNARDINO, y VICTORIA BENARDINO, recurridos. D. Francisco P. Perez en representacion del recurrente. Sres. Bustos y Bustos en representacion de los recurridos. BRIONES, J.: El 21 de Septiembre de 1944 el Juzgado de Primera Instancia de Bulacan, previa declaraction de rebeldia contra el demandado, dicto sentencia a favor de los demandantes en el asunto civil No. 255 de dicho Juzgado titulado Severina Buenaventura y otros, demandantes, contra Francisco P. Perez, demandado, relativo a la propiedad y posesion de una terreno. El 3 de Octubre del mismo año el demandado presento una mocion de reconsideracion, la cual, sin embargo, ya no pudo ser resuelta hasta que vino la batalla de liberacion de Filipinas del yugo militar de los nipones. Reconstitutido el expediente depues de la liberacion a iniciativa del demandado, el Juzgado denego la mocion de reconsideracion por medio de su auto de 20 de Marzo, 1946, que se transcribe a continuacion: Se trata de una mocion de reconsideracion presentada por el abogado del demandado el 3 de Octubre, 1944, en la que se pide la reconsideraction de la orden de este Juzgado de 19 de Septeimbre, 1944, y de todos los procedimientos despues de dicha fecha, bajo el fundamento de que la notificacion dirigida a el solo recibio el Spetiembre 22, 1944, en la que se señalaba a vista par el 19 de Septiembre del mismo año. De los autos resulta que la vista de esta causa ha sido varias veces pospuesta a peticion del demandado y que en su contestacion de fecha 14 de Julio, 1944, y como segunda defensa especial admite substancialmente las alegaciones de la demanda y de hecho entrego la posession del terreno objeto de recompra a los demandantes y no alega en la mocion de reconsideracion ningun motivo que pueda cambiar la decision dectada en esta causa de fecah 21 de Septembre, 1944, como proveen los reglamentos de los tribunales de justicia. Por esta consideracion, queda denegada la mocion de reconsideracion. El 28 del referido mes de Marzo el abogado del demandado recibio copia del auto arriba transcrito, y el 3 de Abril siguiente dicho abogado registro "una exepcion y un aviso de apelacion a la Corte Suprema contra la primera orden fechada el 19 de Septiembre de 1944 (derebeldia) y contra la sentencia fechada el 21 de Septeimbre y las otras ordenes promulgadas despues de dicha fecha." Es el caso, sin embargo que el expediente y fianza de apelacion no se presentaron sino 4 meses despues, o sea el 16 de Agosto, 1946. Consiquientemente el Juzgado sobreseyo la apelacion mediante su auto de 22 Octubre del mismo año. De ahi el presente recurso que el peticionario califica de certiorari, en el cual se alega que el Juagado excedio su competencia y abuos de su discrecion al sobreseer la apelacion el vez de darle debido curso, y se pide que anulemos dicha orden, amen de otros remedios positivos a que tenga derecho el recurrente. El recurrente arguye que su apelacion quedo perfecionada a tiempo, es decir, dentro de los 30 dias reglamentarios, puesto que el presento una segunda mocion de reconsideracion el 3 de Abril., 1946, la cual se denego el 3 de Junio del mismo año. Segun el recurrente, el no vino a tener conocimiento de este auto denegatorio sino el 12 de Agosto siguiente; or tanto — razona el recurrente — el plazo reglamentario de 30 dias para presentar el expediente y fianza de apelacion no transcurrio sino desde dicho 12 de Agosto — luego el estaba muy dentro del plazo al presentar su expediente y fianza de apelacion el 16 de Agst, o sea 4 dias despues. Los recurridos arguyen contra esto diciendo que la segunda mocion de reconsideracion de 3 de Abril (mocion urgente la titula el recurrente) no suspendio el plazo reglamentario de 30 dias para perfeccionar la apelacion; pero que, aun suponiendo que haya tenido ese efecto, y aun concediendo que el plazo de 30 dias se cuente desde que se notifico al bogado del demandado del auto denegatorio de la segunda mocion de reconsideracion, el expediente y la fianza se presentaron de todas maneras fuera de tiempo. Efectivamente, los autos demustran sin seria contradiccion que una copia del auto de 3 de Junio denegando la segunda mocion de reconsideracion se envio el 7 de Junio al abogado del demandado cuya direccion postal estaba entonces en el pueblo de Santa Maria, Bulacan, por correo ordinario, puesto que entonces todavia no estaba restablecido el servicio de cartas registradas. La presuncion legal es que el destinatario recibo la correspondencia en cuestion dentro de 3, 4, o lo mas 5 dias, teniendo en cuenta la escasa distancia entre Malolos, asiento del Juzgado, y el municipio de Santa Maria. No hay prueba de que la correspondencia se haya devuelto por la Oficina de Correos a la escribania del Juzgado. Asi quehabian transcurrido unos 2 meses hasta que se presentaron el expediente y fianza de apelacion. El recurrente dice que el no se entero del auto de 3 de Junio sino el 12 de Agosto, cuando se apersono en la es cribania y le dieron el informe. Pero consta en autos que el estaba asistido por un abogado que residia en Santa Maria y la notification se envio a dicho abogado. No habia, por tanto, necesidad de notificar al recurrente: la notificacion a su abogado era mas que suficiente, segun la seccion 2, regla 27, Reglamento de los Tribunales. Se cuestiona el envio de la notificacion por la razon de que la copia del auto no se metio en un sobre sino que se doblo y pego solamente con goma, poniendose encima el sello correspondiente de correos. Consta, sin embargo, en autos que debido a la condiciones anormales reinantes inmediatamente despues de la liberacion en que todo escaseaba, todas las notificaciones de la escribania se enviaban de tal manera, sin anomalias y sin queja de nadie. Es harto significativo el hecho de que en este mismo asunto las anteriores notificaciones al abogado del re currente, transmitidasde tal modo, fueron debidamente recibidas por dicho abogado. Y es todavia mas significativo el hecho de que el abogado del recurrente a quien se envio la copia no niego el recibo de la misma. Era el, y no el recurrente, quein en todo caso debia negar ese hecho, siendo el destinatario. Es el caso, sin embargo, que la declaracion del abogado brilla por su ausencia. Tal silencio es elocuente y desde luego debe interpretarse en contra de la pretension del recurrente. Nos queda por resolver el toro punto que suscitan los recurridos, a saber: que la segunda mocion de reconsideracion titutlad mocion urgente no pudo tener el efecto de suspender el plazo reglamentario de 30 dias para perfeccionar la apelacion. Resolvemos este punto a favor de los recurridos. La segunda mocion es simole reiteracion de la primera y si alli hay algo nuevo, eso existia y era utilizable cuando se presento la primera mocion: por tanto, debia de haberse incluido en esta orignariamente, o bien en forma de enmienda a la mocion original, antes de que el Juzgado la resolviera. Pero en autos consta que la segunda mocion se presento solo el 3 de Abril, es decir, cuando ya el Juzgado habia denegado la primera mocion de reconsideracion mediante su auto de 20 de Marzo, 1946. Asi que tienen razon los recurridos cuando dicen que esa segunda mocion parece un afterthought — un arbitrio utilizado a ultima hora para salir al encuentro de los fundamentos expuestos por el Juzgado en su referido auto denegatorio de 20 de Marzo. Por tanto, esa segunda mocion no pudo tener el efecto de suspender el plazo para apelar que hubo de estar corriendo en relacion con la primera mocion de reconsideracion. (Moran, Comments on the Rules of Court, sec. 4, Rule 37, Vol. I. p. 628; Sawit vs. Rodas,¹ 40 Off. Gaz., pp. 3818-3821; Ebro vs. Fernandez² [1941] 14th Supp. 40 Off. Gaz., 63, 64-65.) Se arguye que los nuevos fundamentos alegados en la segunda mocion de reconsideracion no podian haberse utiliazdo durante la ocupacion japonese, puenes ello hubiese implicado grandes peligros, inclusive el de muerte, para el mocionante. Tales fundamentos son: (a) que el dineroofrecido por los demandantes, ahora recurridos, consistia en billetes del ejercito japones; (b) que el demandado, ahora recurrente, se vio obligado a entragar la posesion del terreno en cuestion a los demandantes bajo fuerza y coaccion (duress). La futilidad de este argumento es bien manfiesta. Despues de la liberacion fue el demandado quien pidio la reconstitucion de los autos, sometiendo luego al Juzgado su primera mocion de reconsideracion para ser resuelta. Si esas alegaciones sobre la clase de moneda ofrecida y el "duress" fuerean ciertas ¿que impedimento habia despues de la liberacion para exponerlas en forma de enmienda a la mocion original? Nada de esto se hizo: por el contrario, el recurrente se atuvo a su primera mocion de reconsideracion. Luego, debe atenerse a las consecuencias de su primera actitud que, por lo menos, tiene el merito de ser espontanea. No se le debe permitir que busque remedio poor medio de ese afterthought que se titula mocion urgente, presentada despues del 20 de Marzo, 1946, en que se denego por el Juzgado la mocion original. Los pleitos son alog mas que batalla de sofisterias. En meritos de lo expuesto, se deniega el recurso interpuesto, con las costas a cargo del recurrente. Asi se ordena. Paras, Pres. Internino, Feria, Pablo, Bengzon, Pailla, y Tuason, MM., estan conformes. Separate Opinions PERFECTO, J., dissenting: On September 21, 1944, adverse decision was rendered by the Court of First Instance of Bulacan against petitioner, as defendant in a civil case relating to a piece of land. The hearing of the case was, by order of August 30, to take place in the municipal building of Meycawayan on September 19. Petitioner, accompanied by his attorney and witnesses, went to Meycawayan on the day set, only to find that the hearing to be held in said place was cancelled. Three days later, he received notice to the effect that the hearing set for September 19, "severa en Malolos en vez de Meycawayan." As a consequence, the case was tried without giving petitioner an opportunity to be heard. On October 3, petitioner filed a motion praying for the reconsideration of the order of September 19, declaring him in default, and of the decision. No action had been taken on the motion until after petitioner took steps for the reconstitution of the record of the case after liberation. The motion was denied on March 20, 1946, the denial coming to the knowledge of petitioner on March 28. On April 3, petitioner filed a second motion for reconsideration, alleging additional facts that, according to the lower court, petitioner could not have alleged during the Japanese occupation without risks, which motion was declared to have been properly and in due time filed. It was denied and, although the order of denial was issued on June 3, 1946, petitioner came to know about it only on August 12, 1946. On August 16, he filed his record on appeal and appeal bond. Without counting the periods of time that had elapsed form the filing of the two motions for reconsideration up to the dates when petitioner was notified of the two orders denying them, it is evident that the record on appeal and appeal bond were file very much within the 30-day reglementary period form notice of decision within which appeal can be interposed. Because copy of the order of denial of June 3 was forwarded to petitioner by ordinary mail on June 7, the presumption that he must have received it about said date is used against the undisputed fact that petitioner actually received notice only on August 12, when he asked for and received a copy of the order from the court itself. In such a conflict between cold fact and hot presumption, we feel safer to side with the former especially when the interest of justice is on the balance. A presumption is a conjecture based on past experience as to what course human affairs ordinarily follow. When a decision is to be based either on fact or on conjecture, we do not feel free to choose between two alternatives. We have to consider but one alternative. There are other important reasons why petitioner is entitled to relief and should be given opportunity to proceed with his appeal. One of them is that the decision in question was rendered during the Japanese government of occupation, a circumstance that makes it null and void according to our opinion in the Co Kim Cham case,¹ L-5. Another reason is the shifting of the hearing from Meycawayan to Malolos, without previous notice to petitioner. The court could not have jurisdiction to try the case in Malolos, no notice of hearing having been given to petitioner. In said hearing petitioner was denied the fundamental guarantees of due process of law and equal protection of the laws. The petitioner must be granted and the lower court ordered to give due course to petitioner's appeal. Footnotes BRIONES, M.: ¹ 73 Phil., 310. ² 71 Phil., 493. PERFECTO, J., dissenting: ¹ 75 Phil., 113. The Lawphil Project - Arellano Law Foundation