Republic of the Philippines
SUPREME COURT
Manila
EN BANC
G.R. No. L-47726 June 20, 1941
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA, demandante y apelada,
vs.
VICTORINO DANGOY, demandado y apelante.
D. Juan S. Rustia en representacion del apelante.
D. Claro M. Recto en representacion de la apelada.
HORRILLENO, J.:
Se trata de una apelacion interpuesta por el demandado Victorino Dangoy contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Rizal, dictada el 20 de diciembre de 1938, en la que se autorizaba al sheriff provincial "para remover, quitar a desalojar las casas de las casas de los demandados o cualesquiera otras mejoras que tuvieran en el terreno de la demande objeto de estas causas, y a entregar la posession del terreno a la demandante".
La defensa señala en su alegato tres errores en que, segunella, incurrio el Tribunal inferior al fallar el asunto, a saber:
1.º El Juzgado Inferior cometio error al declara en rebeldia al demandado, no existiendo ninguna demanda o alegacion reproducida ante dicho Juzgado, ni otra nuevamente presentada.
2.º Al dar curso a la apelacion contra un auto no apelable, y al dictar sentencia sin jurisdiccion.
3.º Al denegar las mociones de reconsideracion presentadas por el demandado y apelante.
Los hechos, segun la sentencia apelada, son como sigue:
Son hechos probados que la aqui demandante es dueña de la parcela de terreno cuestionada, situada en el barrio de Baclaran, municipio de Parañaque, Provincia de Rizal,ocupada por los respectivos demandados en concepto de inquilinos. Por falta de pago de los alquileres la entidad demandante entablo contra los referidos demandados la corrospondiente accion por desahucio en estas causas, en las cuales se dicto decision el 17 de diciembre de 1935 (Exhibit A), condenando a los demandados al pago de los alquileres vencidos y no pagados y a restituir la posesiondel terreno a la demandante. En 1.º y 5 de agosto de 1936,el juez de paz expidio la orden de ejecucion (Exhibit B) dirigida al sheriff provincial de la Provincia de Rizal parala ejecucion de la decision dictada en dichas causas. En cumplimiento de esta orden de ejecucion, el sheriff provincial delegado, Baldomero Santos, se constituyo en el terreno y notifico de la orden a los demandados, dandoles plazo de una semana para remover sus casas del terreno. Expirado dicho plazo, los demandados continuaron, sin embargo, en el terreno, negandose a remover sus casas, por lo que el referido sheriff delegado dio cuenta del hecho al juzgado de paz en su informe que consta escrito al dorso de la citadaorden de ejecucion, Exhibit B.
En vista de semejante negativa de los demandados a desalojar voluntariamente el terreno, la entidad demandante, en 25 de octubre de 1937, presento una mocion (Exhibit C)al juzgado de paz, solicitando la expedicion de una orden para que autorice al sheriff provincial a remover las casas o cualesquier otra mejora que tuvieran los demandadosen el terreno cuestionado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 89 del Commonwealth. Se señalo a vista dicha mocion de la demandante, y en apoyo de su peticion, presento el testimonio de tres testigos, el sheriff provincial delegado, Baldomero Santos, el abogado Sr. Ramon Zaragoza y un tal Cruz. Con todas estas pruebas, sin quelos demandados hayan presentado ninguna, el juez de paz Sr. Marcelo J. Ramos denego la peticion de la demandante por orden de 10 de agosto de 1938 (Exhibit D), bajo la falsa alegacion de que la demandante no habia aportado ninguna prueba en apoyo de su peticion. La demandante presento una mocion de reconsideracion de dicha orden (Exhibit F), que tambien fue denegada por el mismo juez de paz, en su orden de 1.º de septiembre de 1938 (Exhibit E), esta vez bajo la alegacion de que las pruebas de la demandante, no eran satisfactorias. Entonces, la demandante, por medio de sus abogados, apelo para ante este Juzgado de aquella ordendel juzgado de paz de 10 de agosto de 1938 (Exhibit D), denegando la peticion sobre la expedicion de una orden de lanzamiento contra los demandados de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 89 del Commonwealth.
Elevadas estas causas en virtud de apelacion, el escribano de este Juzgado envio al abogado de los demandados, Sr. Juan Rustia el aviso de fecha 14 de octubre de 1938, para presentar demurrer o contestacion a la peticion de la Ley No. 3171. Fue recibida la notification del escribano por elabogado Sr. Rustia el mismo dia 17 de octubre de 1938, y a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo para presentar demurrer o contestacion, ni los demandados ni su abogado lo han hecho hasta la fecha. En escrito de 7de diciembre de 1938, la demandante presento mocion, pidiendo que los demandados sean declarados en rebeldia, la cual fue concedida por el Juzgado en su orden de 10 de diciembre de 1938, señalandose al mismo tiempo este dia, 14 de diciembre de 1938, para la recepcion de las pruebas de la parte demandante.
Segun las pruebas de la demandante presentadas en estas causas, el Juzgado encuentra demostrada satisfactoriamente la alegacion de que los demandados se niegan a pagar a la demdante los alquileres del terreno, asi como desolojar el mismo, tal como se les ordeno por el juzgado de pazen su decision dictada en estas causas, a pesar de haber transcurrido mas de un año desde la primera orden de ejecucion.
El apelante, al sostener el primer error señalado en su alegato, afirma que el articulo 7 8 de la Ley No. 190, talcomo esta enmendado por el articulo 1.º de la Ley No. 3171, al hablar de apelaciones se refiere a apelaciones contra sentencias de juzgados de paz y no contra ordenes de los mismos; y que la reproduccion de los escritos en el Juzgado de Primera Instancia se contrae solo a la demanda; y concluye diciendo que, no habiendo apelado la demandante de la sentencia del juzgado de paz sino de una orden del mismo, en que se desestimaba la peticion de aquella, de que se autorizara al sheriff para remover y demoler la casa del apelante, edificada en el terreno que fue objeto del juicio de desahucio,no estaba dicho apelante obligado a comparecer para presentar un demurrer o contestar a la demanda. Tal manera de interpretar la ley es, a nuestro juicio, erronea. Es regla de drecho bien concida en esta jurisdiccion, que las leyes de procedimientos deben interpretarse con amplitudde criterio para realizar sus fines y para la mejor proteccionde los derechos e intereses de las partes. Como consta en la relaccion de hechos no discutidos, la demandante y apelada obtuvo a su favor sentencia contra el apelante, en la que, entre otras cosas, se ordenaba a este que entregara a la apelada la posesion del terreno en litigio, para lo cualse le concedio un plazo raazonable. Habiendo quedado firme la sentencia, y despues de haber pasado casi un año desde la fecha de la misma, la apelada, de conformidad con la Ley No. 89 del Commonwealth, pidio al juzagado de paz que se autorizara al sheriff para remover o demoler el edificio levantadosobre la propiedad objeto del juicio de deshucio. De esta peticion el apelante fue debidamente notificado. En la vista del incidente, la apelada presento sus pruebas mediante el testimonio de sus testigos. El juez de paz, sin embargo, denego lo solictado. Contra esta resolucion dicha apelada interpuso apelacion para ante el Juzgado de Primera Instancia de Rizal.
La orden denegatoria de la peticion de la apelada es, a nuestra juicio, una orden final y definitiva; y procede apelar no solo contra una sentencia sino tambien contra ordenes finales y defenitivas. El apelante, por tanto, al no compareceren el Juzgado de Primera Instancia para contestaro interponer cualquiera defensa contra la solicitado por la apelada, incurrio en rebeldia y, por tanto, el Juzgado a quo no cometio error alguno al declararlo asi. Si se aceptara la proposicion del apelante, tendriamos que la apelada, a quiense la ha declarado con derecho a la posesion del terreno que fue objeto del litigio, no podria gozar de dicha posesion; se le negaria la proteccion a que tiene derecho, segun el articulo 446 del Codigo Civil que dispone:
Art. 446. Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesion; y, si fuere inquietado en ella, debera seramparado o restituido en dicha posesion por los medios quelas leyes de procedimientos establecen.
En cuanto al 2.º y 3.er errores, siendo corrolarios del primero, resuelto este, huelga hablar de ellos.
Por todo lo expuesto, creemos que procede confirmar, y confirmamos en todas sus partes, la sentencia objeto de recurso, con las costas de ambas instancias a cargo del apelante. Asi se ordena.
Avanceña, Pres., Diaz y Laurel, MM., estan conformes.
Moran, M., esta conforme con la parte dispositiva.
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