Republic of the Philippines
SUPREME COURT
Manila
EN BANC
G.R. No. L-47358 June 17, 1941
MANILA MOTOR COMPANY, INC., demandante y apelante,
vs.
LA CIUDAD DE MANILA, demandada y apelada.
D. Felix P. David en representacion de la apelante.
El Fiscal de la Ciudad Sr. Mabanag en representacion de la apelada.
PER CURIAM:
Esta es una apelacion interpuesta por la demandante contra la decision del Juzgado de Primera Instancia de Manila que sobreseyo su demanda que tenia por objeto recobrar de la demandada cierta suma de dinero pagada bajo protesta como derecho de licencia por vender automoviles, y absolvio a la demandada, con las costas a la demandante.
Por hallarse dedicada ala venta automoviles y su accesorios, la demadante pago la cantidad de P500 como derechos de licencia por un año, desde julio 1, 1937, hasta junio 30, 1938, de acuerdo con la Ordenanza No. 1925 de la demandada, conforme fue enmendada por la Ordenanza No. 2120. Posteriormente la Junta Municipal aprobo la Ordenanza No. 2529 y con arreglo a ella la demandante se veia obligada a pagar, a partir del 1.º de enero de 1938, licencias trimestrales basadas en sus ventas o ingresos brutos. Como la demandante hizo ventas por mas de P75,000 encada uno de los tres primeros trimestres del año 1938, fue requerida a pagar P450 como derechos de licencia por cada trimestre, o sea, un total de P1,350. De la cantidad de P500 que habia pagado la demandante como derechos de licencia por un año de acuerdo con la ordenanza anteior, la demandada le acredito P250 que venia a corresponder amedio año, esto es, de julio 1, 1937, a diciemre 31, del mismo año, y el resto de P250 lo aplico como pago parcial de la licencia correspondiente al primer trimestre del año 1938. Habiendo sido requerida a que pagara el resto de los derechos de licencia fijados por la Ordenanza No. 2529que importaba P1,100, P200 para completar los del primer trimestre y P900 como derechos que correspondian al segundo y terecero trimestres del año 1938, la demandante pago los derechos bajo protesta e inicio la presente accion.
Al desestimar la pretension de la demandante de que los derechos de licencia que fija la Ordenanza No. 2529 son exorbitantes y exceden de los gastos que ocasionan la expedicion de la licencia y la vigilancia e inspeccion del negocio por cuyo motivo la ordenanza es nula, el Juzgado declaro que dicha ordenanza no se limita a fijar derechos de licencia sino al mismo tiempo impuesto para fines de tributacion. En su primer señalamiento de error la demandante sostiene que tal conclusion es erronea y se funda en que a misma ordenanza emplea repetidas veces la frase license fees. No hallamos merito en la pretension de la demandante. La Ordenanza No. 2529, al igual que cualguiera otra ley,debe interpretarse en su conjunto y no por las frases aisladas que contiene. Leyendo el contexto de la ordenanza se ve que las cantidades que fija, por su cuantia, constituyen derechos por la expedicion de la licencia e impuesto para fines de tributacion. Ademas, es regla bien reconocida que cuando se trat de derechos que un municipioimpone en el ejercicio de su facultad delegada, bien en forma de licencis o bien como impuesto o tributacion. generalmente se emplea la frase license fees para denotar ambas cosas (17 R. C.L., 475; Levy v. Louisville, 97 Ky. 394, 30 S. W. 973, 28 L. R. A. 480; Dodge v. Guidinger, 87 Neb. 349, 127 N.W. 122, 138 A. S. R. 494). Que la demandadaesta facultada para cobrar derechos de licencia e impuesto en forma de tributacion a la vez por el ejerciciode una ocupacion on industria, es una proposicion tan clara que halla su apoyo enel articulo 2444 del Codigo Administrativo Revisado, segun ha sido enmendado por la ley No. 3669 y la Ley No. 76 del Commonwealth.
Sostiene la demandante que la ordenanza No. 2529 es anticonstitucional y nula porque la lilcencia que fija es excesiva, injusta e irrazonable. Para demonstrar que la pretension aes insostenible nos limitaremos a reproducir a continuacionlo que el Juzgado dijo sobre el particular, en donde el distinguido Juez que decidio el asunto refuta magistralmente la teoria dela demandante:
La demandante trata de impresionar al Juzagado, presentando el siguiente ejemplo: Supongase que durante el primer trimestre se vendieran vinticinco (25) coches Studebaker a razon de P3,000 cada uno, la demandante debera pagar, segun el nuevo Codigo de Rentas Internas, un impuesto de P7,500 – y, por razon de la la ordenanza en cuestion, debera tambien pagarun impuesto adicional de P450. Con este hecho escueto, sin explicacion o argumento alguno es dificil comprender ¿como puede ser irrazonable, injusta, opresiva y carga pesadisima una contribucion adicional de 43 centimos y un tercio de centimo por cada cien pesos que la demandante venda durante tres meses? De acuerdo con la anterior ordenanza, la demandante solo pagaba P125 en vez de P450 cada trimestre, o sea, una deferenciadeP325,o treinta y dos mil quinientos centimos divididos entre P75,000, resulta cuatro mil trescientostreinta y tres diez milesimas por ciento (.4333c/o), es decir 43 centimos y un tercio de centimo por cada cien pesos. Decir esta cantidad es no expresar el criterio con rectitud.
Afirma igualmente la demandante que la referida ordenanzaes tambien anticonstitucional porque fija y cobra doble impuesto. El Juzgado declaro, y en esto le hemos sotenido, que los derechos que cobra la ordenanza tienenel doble conceptode impuesto de licencia y tributaciony la demandante sostiene que poreste motivo la ordenanza cobra doble impuesto porque por la Ley de Rentas ya paga otro impuesto por la venta de los automoviles y sus accesorios.La pretension de la demandante en este respecto es infundada porque el doble impuesto que prohibe la Constitucion y es objecionable desde el punto de vista legal existe solamente cuando la misma propiedad se sujeta a dos impuestos por la misma entidad o Gobierno, para el mismo fin y durante el mismo periodo de tiempo Cooley on Taxation, vol. 1, pp. 475-479).
Se confirma la decision recurrido, con las costas de estainstancia a la demandante-apelante. Asi se ordena.
Avanceña, Pres., Diaz, Laurel, Moran y Horrilleno, MM., Se confirma la decision.
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