Republic of the Philippines
SUPREME COURT
Manila
EN BANC
G.R. No. L-47765 August 14, 1941
MARIANO A. LOCSIN, recurrente,
vs.
PHILIPPINE TRUST COMPANY, PHILIPPINE NATIONAL BANK, JOSE BONTO y ZACARIAS GUTIERREZ LORA, recurridos.
D. Manuel V. del Rosario en representacion del recurrente.
D. Ramon Diokno en representacion del recurrido Banco National Filipino.
Sres. Feria y La O en representacion de la recurrida Philippine Trust Company.
HORRILLENO, J.:
Esta es una apelacion mediante certiorari interpuesta por el demandante y apelante contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones, promulgada el dia 24 de julio de 1940, en la que se revocaba la del Juzgado de Primera Instancia de Albay y absolvia de la demanda a las entidades bancarias, Philippine Trust Company y Philippine National Bank.
El recurrente señala en su alegato tres errores en que incurrio, segun el, el Tribunal de Apelaciones al fallar el asunto a saber:
1. The Court of Appeals erred in holding that from the evidence presented in this case, the petitioner is not entitled to any share in the check.
2. The Court of Appeals erred in holding that the defense of want of consideration or mistake may be raised by the respondent Philippine National Bank and Philippine Trust Company.
3. The Court of Appeals erred in holding that pursuant to the provisions of section 41 of Act No. 2031, the indorsement of the check in question falls within the exception enumerated therein, and therefore the indorsement of the petitioner is clearly unessential and unnecessary.
Antes de discutir estos errores es preciso exponer primeramente las conclusiones de hecho sentadas por el mencionado Tribunal de Apelaciones, relativas a las pretensiones del apelante. Helas aqui:
Para una accion que se iba a entablar sobre ejecucion de hipoteca, el apelado iba a ser el abogado de la entidad acreedora Gutierrez Hermanos contra un tal Echevarria. Pero el apelado por haber sido elegido Gobernador Provincial de Albay, cargo que desempeño durante el periodo de 1925-33, y por haberse ausentado, ademas, del pais desde noviembre 4, 1929, al mes de septiembre de 1930, no pudo atender debidamente el asunto arriba referido, por lo que el apelado lo encomendo al demandado abogado Jose Bonto, del Bufete de 'Bonto & Gutierrez Lora', el cual por esta razon se hizo cargo del mismo en colaboracion con el otro abogado Gutierrez Repide.
Terminada la causa en favor de Gutierrez Hermanos, los abogados asociados Bonto y Gutierrez Lora, con exclusion del apelado, presentaron su cuenta de honorarios profesionales contra dicha entidad, en la suma de P11,125.48. Despues de cruzadas varias correspondencias sobre el particular entre abogados y cliente, sin ninguna intervencion del apelado, la entidad Gutierrez Hermanos envio a dichos abogados el cheque No. 482391 por valor de P5,000 pagadero por el Philippine Trust Co. (Exhibit 1-Philippine Trust). Este cheque aparece librado a nombre de "M. LOCSIN and BONTO & GUTIERREZ LORA", pero fue cobrado totalmente mediante endoso bajo la firma social de "Z. GUTIERREZ LORA" y "J. BONTO" solamente, de la agencia del Philippine National Bank en Legaspi, Albay, el cual Banco obtuvo mas tarde su reembolso por el Philippine Trust Co., contra el cual estaba extendido el referido cheque.
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con excepction del acto de haber encomendado aquella causa al abogado Bonto, el apelado no ha prestado servicio alguno de caracter profesional en la misma. El abogado Gutierrez Lora declara, que habia entregado al apelado la suma de P400 de su propio peculio en concepto de gratificacion al apelado, por haber este encomendado la defensa del asunto tantas veces mencionado a su consocio el abogado Bonto. El apelado no niega la recepcion de dicha cantidad de P400, pero alega que le fue pagada bajo otro concepto.
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el apelado admite que, por sus servicios profesionales hasta entonces ya prestados en la causa, el ya ha cobrado personalmente los honorarios correspondientes de la casa Gutierrez Hermanos.
Hecha la precedente relacion de hechos, entremos en la consideracion de los errores apuntados en su alegato por el apelante.
PRIMER ERROR
The Court of Appeals erred in holding that from the evidence presented in this case, the petitioner is not entitled to any share in the check.
Con respecto a este error, no se discuten, ni pueden discutirse en esta instancia, los hechos relativos al mismo. Se pretende, sin embargo, que, habiendose librado el cheque a nombre del apelante y de Bonto y Gutierrez Lora, y habiendose endosado el documento solo por estos ultimos, las sociedades bancarias apeladas no debian pagar el cheque; pero que, habiendolo hecho, deben responder al apelante de la parte del importe del cheque que le corresponde recibir, o sea, la mitad del mismo, en concepto de honorarios suyos. Esta proposicion, si bien suscita un punto de derecho, su resolucion depende, sin embargo, de un hecho y es: si el apelante ha prestado o no servicios en relacion con el asunto a que se contrae el presente. Como se habra observado en el relato de hechos, el apelante no rindio servicio alguno en relacion con el asunto que dio lugar al libramiento del cheque por P5,000. Todo lo que hizo fue encomendar el referido asunto a los Sres. Bonto y Gutierrez Lora. Si presto algun servicio antes de entregar el asunto a dichos señores, tal servicio ha sido ya remunerado, segun su propia admision, sin contar los P400 que el Sr. Bonto le habia entregado como gratificacion por el endoso del asunto al bufete Bonto y Gutierrez Lora. Siendo estos los hechos, no hallamos razon alguna valida para obligar a las entidades bancarias apeladas a que le paguen al apelante la mitad del cheque No. 482391 por P5,000. El hecho de que su nombre aparece en el mismo como uno de los tenedores, no le confiere derecho alguno a reclamar la mitad de dicha suma de P5,000. Habiendose demostrado que no presto servicio alguno que le haga acreedor a lo que reclama, seria no solo ilegal, sino tambien ilicito, inmoral compeleer a las entidades bancarias apeladas a pagarle la mitad de la mencionada suma de P5,000.
Se afirma, por otra parte, que las entidades bancarias apeladas no pueden alegar la defensa de falta de consideracion del pago de la suma reclamada. Nos resistimos a aceptar esta proposicion. Pero, sea de ello lo que fuere, la cuestion fundamental, a nuestro juicio, es la de si apelante tiene o no derecho a lo que pide por el concepto que el alega. Dejamos dicho que, en tanto el tendra derecho a lo que reclama en cuanto hubiese prestado servicios por razon del asunto arriba citado: Habiendose acreditado que no presto servicio alguno, ninguna remuneracion puede reclamar por servicios no hechos.
En cuanto al segundo y el tercero errores, estan implicitamente discutidos al hablar del primero; por tanto, huelga considerarlos.
En consecuencia, fallamos que procede confirmar, y confirmamos en todas sus partes, la sentencia apelada, con las costas de ambas instancias a cargo del apelante. Asi se ordena.
Avanceña, Pres., Abad Santos, Moran, y Ozaeta, MM., estan conformes.
Separate Opinions
LAUREL, J., dissenting:
It appearing that the check in question was payable to the order of the petitioner, Mariano A. Locsin, and the respondents Jose Bonto and Zacarias Gutierrez Lora; that the latter and the petitioner were not partners; that the petitioners has not authorized his co-payees, the respondents Jose Bonto and Zacarias Gutierrez Lora, to indorse for him: that the respondent Philippine National Bank paid the check to Jose Bonto and Zacarias Gutierrez Lora upon he latter's sole indorsement and without the indorsement of the petitioner, I am of the opinion that there was no negotiation sufficient in law to convey to the indorsee, the Philippine National Bank, the entire interest in the check. Section 41 of Act No. 2031, otherwise known as the Negotiable Instruments Law, is plain and mandatory in ordaining that "where an instrument is payable to the order of two or more payees or indorsees who are not partners, all must indorse, unless the one indorsing has authority to indorse for the others." The requirement is not merely formal but substantial. Thus, it has been held that, where the interest of the payees of a negotiable paper are joint, and not in partnership, the transfer of title may be accomplished only by the joint indorsement of all of them. (Gordon v. Anderson, 12 L. R. A. 483, 83 La. 224, 49 N. W. 86; Kaufman v. State Savings Bank, 151 Mich. 65, 114 N. W. 863, 864; Dotson v. Skaggs, 87 S. E. 460; Dwight v. Pease et al., 12 Law Ed., 399, 403, 404.) It follows that the payment of the check by the respondent Philippine National Bank is not only contrary to law, but is also at war with the established mercantile practice of banking institutions. The result is the same even if the explanation of the manager of the branch of office of the respondent Philippine National Bank in Legaspi, Albay, is accepted that he relied solely on the assurance of Zacarias Gutierrez Lora that the latter will give to the petitioner his participation in the check. It would not be enough, under the circumstances, to declare that the Philippine National Bank assumed the risk towards one of the payees who had not indorsed the check. The practice, because illegal and wrong, should be reprobated. Moreover, the act of Gutierrez Hermanos in drawing the check in question in favor of the respondents Jose Bonto and Zacarias Gutierrez Lora and the petitioner shows that he intended that the petitioner should share in the proceeds of the check.
It is true that the Court of Appeals found that "el apelado no ha prestado servicio alguno de caracter profesional" (Decision, Court of Appeals, page 39, Appendix A, Brief of Petitioner), and consequently that the petitioner was not entitled to participate in the professional fees paid by check. Ordinarily, I would abide by this finding of fact. I believe, however, that there are cases where the Court of Appeals, in the performance of its fact-finding function, "has so departed from the accepted and usual course of judicial proceedings, or so far sanctioned such departure by a lower court as to call for an exercise of the power of supervision" (par. b, section 4, Rule 46 of the New Rules of Court; Municipal Board of the City of Manila vs. Agustin, 36 Off. Gaz., 1335), that this court should consider the departure as an error of law and, on that account, grant the appropriate remedy. Let us take a concrete example. If A sues B for personal services rendered, and B, in his answer, admits the rendition of said services the sole question to be determined is the value thereof in terms of pesos and centavos, and the court is not justified in arriving at a conclusion which is not in accord with the admission of the defendant, and in dismissing the complaint. It is a cardinal rule of procedure that judgments should be in harmony with the admissions of the litigants in their pleadings, which the court is not at liberty to disregard. (Traverso v. Tate, 82 Cal. 170, 22 Pac. 1082; Connecticut Hospital v. Brookfield, 69 Conn. 1, 4, 36 Atl. 1017.) Hence, where the answer admits part of an indebtedness alleged in the complaint, a judgment for the defendant upon a general finding that all the allegations of the complaint are untrue cannot be sustained. (Horn v. Martinho, 7 Cal. App. 204, 94 Pac. 79.) This, in clear terms, is the situation in the present case. The respondents Jose Bonto and Zacarias Gutierrez Lora, who were cross-defendants in the Court of First Instance, admitted that the petitioner had rendered professional services "en relacion con el asunto mencionado", although they allege that "que los unicos trabajos ejecutados por el demandante consistieron en dos o tres mociones, pues aunque aparece su firma en la demanda y en algunos escritos esta era simplemente una intervencion nominal ..." (Contestacion Enmendada, page 55, Bill of Exceptions.) The rendition of professional services by the petitioner may likewise be inferred from the allegation of the respondents that "que los trabajos ejecutados por el demandante en la referida causa civil No. 4142, esta mas que suficientemente compensados, porque los demandados aqui comparecientes por una liberal consideracion han entregado al demandante la suma de P400, sin tener en cuenta el hecho de si tenia participacion en la cantidad o valor del cheque en cuestion ..." (Contestacion Enmendada, Bill of Exceptions, page 55). In reviewing a decision of the Court of Appeals, I believe that we may peruse the record on appeal (bill of exceptions here); otherwise, the elevation of "ten copies of the record on appeal as printed in the Court of Appeal" (section 2, Rule 46 of the New Rules of Court) would be little less than just an empty formality.
In my opinion, the most equitable thing to do in the premises is to remand the case to the Court of Appeals for a determination of the proportionate share of the petitioner on the basis of the professional services admittedly rendered by him.
Diaz, J., concurs.
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