Republic of the Philippines
SUPREME COURT
Manila
EN BANC
G.R. No. L-47047 June 22, 1940
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO, LAGUNA, recurrente,
vs.
LA JUNTA PROVINCIAL DE LAGUNA, recurrida.
Sres. Juan S. Rustia y Feliciano Gomez en representacion del apelante.
Sr. Francisco Alfonso en representacion de la apelada.
AVANCEŅA, C.J.:
El 4 de noviembre de 1935, el Concejo Municipal de San Pedro, Laguna, aprobo la Ordenanza No. 10, serie de 1935, regulando el uso y aprovechamiento de las aguas en cierta zona dentro del municipio. El 6 del mismo mes, la Junta Provincial, en su resolucion No. 1631, serie de 1935, de fecha 6 de noviembre de 1935, aprobo dicha ordenanza. Sin embargo, el 21 del mismo mes de noviembre, la Junta Provincial endoso el caso al fiscal provincial pidiendo la opinion de este sobre si debia declararse nula aquella ordenanza. El fiscal provincial opino en sentido afirmativo en vista de que las aguas, objeto de la ordenanza, estan dentro de una propiedad privada, o sea, de la Hacienda Tunasan, y que por esta razon el Concejo Municipal de San Pedro no tenia jurisdiccion para dictar dicha ordenanza. En vista de esta opinion del fiscal provincial, la Junta Provincial de Laguna, el 15 de abril de 1936, mediante otra resolucion aprobada en esta fecha, reconsidero y dejo sin efecto la anterior de fecha 6 de noviembre de 1935 y declaro nula la ordenanza No. 10 del Concejo Municipal de San Pedro.
El Concejo Municipal de San Pedro presenta este recurso de mandamus contra la Junta Provincial de Laguna y pide que ella sea obligada a aprobar otra resolucion revocando la del 15 de abril de 1936 y manteniendo la de 6 de noviembre de 1935.
Segun el articulo 2233 del Codigo Administrativo, la Junta Provincial, despues de recibir laas copias de las resoluciones y ordenanzas aprobadas por los concejos municipales, las examinara o las enviara al fiscal provincial para que informe sobra la legalidad de tales resoluciones y ordenanzas. Si la junta provincial halla que alguna resolucion ha sido dictada fuera de las facultades conferidas al concejo municipal, la declarara nula con sujecion a la determinacion del jefe de la oficina ejecutiva, que ahora es el Secretario del Interior. Segun esto, es facultad de la Junta Provincial el aprobar o anular una ordenanza municipal. La anulara si halla que esta fuera de la jurisdiccion del concejo el dictarle. En el caso presente, la Junta Pronvincial, actuando, en vista de la opinion del fiscal provincial de que las aguas que eran objeto de regulacion de la ordenanza No. 10 del Concejo Municipal de San Pedro se hallan dentro de una propiedad privada y que, por tanto, esta fuera de la jurisdiccion del Concejo Municipal el regular su uso y aprovechamiento, dicto su resolucion declarando nula dicha ordenanza. No tiene importancia el hecho de que la Junta Provincial habia aprobado antes la misma ordenanza, pues, nada impide que la Junta Provincial, despues de actuar en un sentido, pueda mas tarde reconsiderar su actuacion y revocarla, dictando otra contraria, si a su juicio asi procede. El articulo 2233 no establece ninguna limitacion a esta facultad de la Junta Provincial.
Por lo expuesto, es claro que no procede el recurso de mandamus para obligar, como pide el recurrente, a la Junta Provincial a actuar en determinado sentido en un asunto que esta dentro de su facultad el resolver segun su juicio.
Por estas consideraciones, se deniega el recurso y se confirma la decision del Juzgado con las costas al recurrente.
Imperial, Diaz, Laurel y Moran, MM., estan conformes.
Villa-Real y Concepcion, MM., no tomaron parte.
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